El pasado 28 de octubre, la
Coordinadora Estudiantil Universitaria (CEU) dio a conocer una carta dirigida
al rector de la Universidad de Colima en la que se pedía información sobre el
cuerpo de seguridad privada recién contratado por la institución compuesta por
120 guardias vestidos de civil en el interior de las instalaciones escolares,
sin portar identificación y trayendo consigo esposas y bastón plegable. Nuestro
extrañamiento se debía a que comenzaron a ser vistos en diferentes campus de la
Universidad sin habernos informado previamente de sus funciones y del porqué
están ahí, además del mal momento nacional en que se dio su aparición.
Después de más de un mes de la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en manos de policías
municipales y el crimen organizado, la inseguridad se ha sentido en México como
nunca. Hay miedo en la población, sobre todo en el sector joven. Muchachas que
son secuestradas sin dejar rastro y que luego aparecen en el fondo de un canal
del Estado de México, manifestantes tomados presos sin justificación, jóvenes
hostigados por la policía como forma de amedrentarlos, estudiantes descontentos
amenazados por las autoridades escolares, y un largo etcétera que hacen de
nuestro país uno de los lugares más inseguros para ser menores de 30 años.
Es en este contexto en que sale a
la luz la estrategia de seguridad que la Universidad de Colima está aplicando.
A grandes rasgos, se basa en el aumento de agentes de vigilancia con cargo al
presupuesto de la institución para que vigilen las instalaciones así como el
movimiento de alumnos y maestros, pasando un reporte al final del día a los
coordinadores de sus brigadas. Esta estrategia es muy parecida a la
implementada por los dos últimos sexenios presidenciales en los que, con el
objetivo de “combatir la inseguridad creciente y el crimen organizado
infiltrado en todas las esferas de la vida pública”, llenaron de militares cada
rincón del país, proclamando de facto un “estado de excepción” en el que se
violaron múltiples veces los derechos humanos sin conseguir la disminución de
la delincuencia. Paradójicamente, este Estado que se vuelve cada vez más
policial, abandona poco a poco su característica social con las consecuencias
de un tejido comunitario roído, el aumento de la pobreza, la falta de confianza
en las instituciones y un descontento popular creciente.
La finalidad de la carta
elaborada por la CEU no es la de exponer a rectoría o crear inestabilidad, sino
ser el portavoz de muchos compañeros estudiantes y profesores que se
preguntaban quiénes eran tales personas ajenas a la comunidad universitaria,
así como llamar la atención en torno a una estrategia de seguridad que nos
parece equivocada según la experiencia de casi ocho años de “guerra contra el
narco” que dejan un resultado de más de 130 mil muertos. ¿Propuestas? La
atención en la responsabilidad social de la Universidad en el otorgamiento de
becas, incentivos y promoción de las cualidades de los alumnos, así como la
implementación de mecanismos de control colectivo en la que participen
estudiantes, profesores y administrativos para salvaguardar los espacios
universitarios.
Irving Radillo Murguía, vocero de la CEU
